En la línea con la Nota Estratégica de ONU Mujeres en Bolivia 2023 – 2027 (alineada con el Plan Estratégico Regional 2022 – 2025, con el PDES y con el Marco de Complementariedad entre el Estado Plurinacional y el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia), el área de erradicación de la violencia contra las mujeres, busca: i) Fortalecer las capacidades de las instituciones estatales y la sociedad civil para aplicar y exigir la legislación que combate la violencia contra las mujeres y otras formas de discriminación; ii) Fortalecer las mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia para que puedan acceder a servicios esenciales de calidad y recuperarse de la violencia; y iii) Promover normas sociales, actitudes y comportamientos favorables para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en las comunidades.

La violencia contra las mujeres es una de las principales problemáticas que enfrenta Bolivia, y se refleja en las altas tasas de feminicidios que registra el país. En 2013, la Organización Panamericana de la Salud señaló que Bolivia estaba en el primer lugar de violencia física de 13 países del continente y, en segundo lugar, en violencia sexual, y sólo el 17% de mujeres en situación de violencia denunciaban el hecho. Ante esta situación, en marzo de ese mismo año, se promulgó la Ley Nº 348, conocida formalmente como “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”. La elaboración de esta norma implicó un proceso participativo que incluyó consultas con diversas organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos humanos, y representantes gubernamentales.

La Ley declara la erradicación de la violencia contra las mujeres como prioridad nacional, para lo cual, establece un conjunto de medidas en el ámbito educativo, laboral, comunicacional, de la salud y judicial que buscan una respuesta estatal integral a la gravedad del problema que representa la violencia hacia las mujeres a partir de la prevención, atención, protección, investigación, sanción y reparación de daño vivido por las mujeres. Además, pone en evidencia la naturalización y tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres, presente incluso en el sistema judicial, lo que se manifiesta en la revictimización y el alto grado de impunidad que existe en estos casos, frente a lo cual, la Ley Nº 348 dispone la creación de instancias especializadas en la policía, fiscalía y órgano judicial; la ampliación de funciones de los servicios de atención (Servicio legal integral municipal, Defensorías de la Niñez y Adolescencia , DNA, etc.); la modificación del procedimiento penal y de los delitos de violencia más graves y frecuentes contra las mujeres; la penalización de conductas que no eran sancionadas; entre otras medidas que buscan garantizar el acceso a la justicia a las mujeres en situación de violencia (1).

Por otra parte, en abril de 2024, la Senadora Patricia Arce propuso modificar el artículo 94 de la norma (2) . El mencionado proyecto de ley ha iniciado un debate público sobre la necesidad de modificar la Ley Nº 348, en el marco del cual algunos detractores plantean incluso su abrogación, con base en datos no corroborables y argumentos que refuerzan las normas sociales discriminatorias hacia las mujeres (3). En ese contexto, más de 100 organizaciones promotoras de los derechos humanos, derechos de las mujeres y activistas varones, se pronunciaron rechazando las modificaciones a la Ley Nº 348 promovidas por la mencionada senadora, y solicitando a la Defensoría del Pueblo la realización de una investigación defensorial sobre la implementación de la misma (4).

Por ello, en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre ONU Mujeres y la Defensoría del Pueblo (2023-2025), se identifica la necesidad de contratar una consultoría para la realización de un informe sobre servicios integrales dirigidos a sobrevivientes de violencia en el marco de la Investigación Defensorial sobre la Ley Nº 348.

[1] Preguntas frecuentes sobre la Ley 348, Comunidad de Derechos Humanos, 2017

[2] En ella, se propone que en los casos de violencia sexual sea un grupo de peritos quienes, tras escuchar a la víctima en una cámara de Gesell, determinen la veracidad de su testimonio, que, a su vez, debería corroborarse por “otros medios de prueba”.

[3] Las claves para entender la polémica por la ley 348 de lucha contra la violencia a las mujeres (unitel.bo)

[4] https://comunidad.org.bo/assets/archivos/pronunciamiento/9a159faddded4e5ee1728eac2b98f3e3.pdf

RESPONSIBILITIES

III. Objetivo

El objetivo de esta contratación es analizar los avances, limitaciones y obstáculos en la prestación de los servicios integrales para sobrevivientes de violencia de género a nivel subnacional, conforme a lo establecido en la Ley Nº 348.

Los objetivos específicos son:

• Elaborar un Informe sobre la calidad de los servicios de atención a víctimas de violencia en 10 municipios priorizados, con base a estándares internacionales de la atención integral.
• Analizar la situación de los mecanismos de coordinación y gobernanza para la lucha contra la violencia hacia las mujeres en 10 municipios priorizados.

IV. Alcance de los objetivos

Se espera que el/la titular de la contratación lleve a cabo las responsabilidades y actividades necesarias para la entrega de los productos descritos a continuación, con la finalidad del logro del el/los objetivo/s de la consultoría.

Dichas responsabilidades incluirán:

1. Elaboración de un plan de ejecución de la consultoría en coordinación con el resto del equipo de consultores/as de la Defensoría.
2. Definir los 10 municipios en los que se realizará el estudio, en coordinación con la Defensoría del Pueblo.
3. Análisis e inclusión en los indicadores del estudio, los estándares internacionales de atención integral a sobrevivientes de violencia, tanto del sistema regional (estándares de la debida diligencia) como del sistema universal de protección de derechos humanos (Paquete de Servicios Esenciales (5).
4. Elaboración de un diseño metodológico de la investigación que abarque los servicios de prevención, atención en salud, justicia y policía, así como los servicios sociales proporcionados por el Servicio legal integral municipal (SLIM) y Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), junto con los mecanismos de coordinación interinstitucional, con el fin de mejorar la calidad de los servicios (6).
5. Capacitación y supervisión al personal de las Delegaciones Departamentales Defensoriales y/o Coordinaciones Regionales Defensoriales, en el uso de los instrumentos de recolección de información.
6. Sistematización y análisis de la información (por tipo de servicios).
7. Impulsar las reuniones de monitoreo del avance de la consultoría, con el punto focal designado por la Defensoría del Pueblo.
8. Otras acciones definidas por la Defensoría del Pueblo en el marco de los objetivos de la consultoría

[5] Revisar: https://lac.unfpa.org/es/servicios-esenciales

[6] Considerando que hay algunos servicios , como salud) que se prestan y/o coordinan en el nivel departamental.

V. Entregables

Todos los productos deben ser entregados en versión física y digital (formato editable), acompañados de una nota firmada por el/la consultor/a. Además, debe utilizar un lenguaje inclusivo, sencillo, claro y amigable.

VI. Forma de Pago

El pago por los servicios se realizará luego de la entrega de cada producto establecido en la tabla anterior, sujeto a satisfacción y aprobación por parte de ONU Mujeres y la Defensoría del Pueblo, en acuerdo con el cronograma establecido a continuación. Al tramitar el último pago debe ir acompañado de la evaluación de rendimiento de el/la consultor/a junto con el certificado de pago (COP por sus siglas en inglés COP para procesar el pago final.

El contrato de consultoría determina la inclusión de todos los costos (todo incluido: factura y seguro de salud, aporte social y/u otros); la Organización no asumirá costos o beneficios adicionales a los honorarios por servicios. Por lo tanto, es responsabilidad del consultor/a contar con seguro médico por el periodo del contrato y se recomienda que incluya cobertura médica para enfermedades relacionadas a COVID-19. La cobertura médica deberá ser internacional en los casos que el contrato requiera misiones o asignaciones internacionales. De ser seleccionado/a para esta vacante, se requerirá presentar prueba de cobertura médica dentro de los dos primeros meses del contrato.

VII. Supervisión y evaluación de desempeño

La contratación será gestionada por ONU Mujeres Bolivia. De parte de ONU Mujeres, la supervisión de esta contratación será realizada por la oficial/coordinadora/oficial a cargo/Representante/punto focal del Área de Erradicación de la Violencia de ONU Mujeres. De parte de la Defensoría del Pueblo, la supervisión se realizará por el punto focal definido por la mencionada institución. El/la consultor/a no es funcionario/a de Naciones Unidas y realizará las actividades relativas a la consultoría en su propio espacio de trabajo de acuerdo con lo acordado en el plan de trabajo.

Para el buen desarrollo de la consultoría, la supervisora facilitará a la persona seleccionada los documentos existentes y la información de la que ONU Mujeres disponga vinculadas a los temas de la consultoría. Es responsabilidad del/la consultor/a obtener información primaria y secundaria de otras fuentes, si fuera el caso necesario.

La persona seleccionada mantendrá permanente coordinación con la supervisora para una efectiva ejecución y desarrollo de los productos solicitados en estos Términos de Referencia y proveerá información según se le solicite en el marco de los términos de referencia.

VIII. Indicadores de rendimiento

• Productos/ entregables presentados en tiempo y forma según los TDRs
• Calidad del trabajo
• Cumplimiento de los resultados esperados
• Cumplimiento de las competencias citadas (Ref. Perfil de el/la consultor/a)

IX. Derechos Intelectuales, Patentes y Otros Derechos de Propiedad

El derecho al equipamiento y los suministros que pudieran ser proporcionados por ONU Mujeres a el/la consultor/a para el desempeño de cualquier obligación en virtud del presente contrato deberá permanecer con ONU Mujeres y dicho equipamiento deberá devolverse a ONU Mujeres al finalizar el presente contrato o cuando ya no sea necesario para el/la consultor/a. Dicho equipamiento, al momento de devolverlo a ONU Mujeres, deberá estar en las mismas condiciones que cuando fue entregado a el/la consultor/a, sujeto al deterioro normal. El/la consultor/a será responsable de compensar a ONU Mujeres por el equipo dañado o estropeado independientemente del deterioro normal del mismo.

ONU Mujeres tendrá derecho a toda propiedad intelectual y otros derechos de propiedad incluyendo pero no limitándose a ello: patentes, derecho de autor y marcas registradas, con relación a productos, procesos, inventos, ideas, conocimientos técnicos, documentos y otros materiales que el consultor haya preparado o recolectado en consecuencia o durante la ejecución de la presente consultoría, y el/la consultor/a reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros materiales constituyen trabajos llevados a cabo en virtud de la contratación de ONU Mujeres. Sin embargo, en caso de que dicha propiedad intelectual u otros derechos de propiedad consistan en cualquier propiedad intelectual o derecho de propiedad de el/la consultor/a: i) que existían previamente al desempeño del/la consultor/a de sus obligaciones en virtud del presente contrato, o ii) que el/la consultor/a pudiera desarrollar o adquirir, o pudiera haber desarrollado o adquirido, independientemente del desempeño de sus obligaciones en virtud del presente contrato, ONU Mujeres no reclamará ni deberá reclamar interés de propiedad alguna sobre la misma, y el/la consultor/a concederá a ONU Mujeres una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otro derecho de propiedad únicamente para el propósito y para los requisitos del presente contrato.

REQUIREMENTS

XI. Procedimiento de selección y requisitos para aplicación

El proceso de selección se realizará a través de un desk review, en el que se realiza primero una verificación formal de que las postulaciones cumplan con las pruebas documentales para ser examinadas y los requisitos mínimos establecidos para la consultoría. Luego, se realiza la evaluación técnica de las candidaturas recibidas, que serán calificadas en base a requisitos técnicos establecidos en la siguiente tabla de calificación: