Puesto de Trabajo: Lima, Perú.

El Grupo BID es una comunidad de personas diversas, versátiles y apasionadas, unidas para mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Aquellos que trabajan con nosotros encuentran un propósito y hacen lo que más les gusta en un entorno inclusivo, colaborativo, ágil y gratificante.

Acerca de este puesto de trabajo:

Estamos buscando un/a experto en protección social adaptativa para apoyar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en su proceso de implementación de la Protección Social ante Emergencias

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe no están empleando todo el potencial de sus sistemas de Protección Social para responder ante los crecientes desastres, exacerbados por el cambio climático. El uso de herramientas de protección social para responder a los desastres y otros tipos de choques se caracteriza aún por abordajes ad hoc y reactivos, y que con frecuencia no han sido orientados por protocolos bien definidos, y procesos institucionalizados. Existe poca evidencia que los países han usado dichas herramientas en una fase para prevenir los impactos de los desastres (enfoque ex ante) Sin embargo, en años recientes se está promoviendo la transición hacia sistemas de protección social adaptativa a choques como una potencial solución ex ante a los riesgos de desastres (Bagolle et al., 2023).

El MIDIS es el encargado de diseñar e implementar políticas y programas para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable y en situación de pobreza. Como parte de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 (PNIDIS), MIDIS ha impulsado la aprobación del Decreto Legislativo N° 1654 que establece el marco normativo para la adaptación de los servicios públicos de protección social, ante situaciones de emergencias; que tiene por objetivo establecer normas y disposiciones orientadas a constituir el primer marco normativo de esta naturaleza en el país, marcando un hito en la manera en cómo el Estado enfrenta las situaciones de emergencia, actuando de manera provisoria en la adaptación de sus servicios de protección social, teniendo como centro de esta acción el bienestar de la población, especialmente de aquella que es más vulnerable al impacto de las múltiples emergencias.

El Decreto Legislativo N° 1564, constituye la principal base legal para la puesta en marcha de la adaptación de los servicios de protección social en contextos de emergencia, en tanto constituye el marco habilitante para que las entidades prestadoras de servicios públicos de protección social, así como para las entidades rectoras y/o conductoras de la acción del Estado ante situaciones de emergencia, dispongan de las adecuaciones necesarias que les permita no solamente dar continuidad a la operatividad de sus servicios, sino que además estos se entreguen a la población afectada o potencialmente afectada por situaciones de emergencia con base a sus necesidades y nivel de afectación a sus medios de vida.

Históricamente, el estado peruano carece de sistemas integrados para abordar los impactos de los desastres en materia socioeconómica y alimentaria, en el mediano y largo plazo. Estos eventos se han gestionado mediante normativas de urgencia sectorial y transitoria. Por ejemplo, las respuestas a los derrames petroleros en 2016, el Fenómeno El Niño (FEN) Costero en 2017, síndrome de Guillain Barré en 2023, y la epidemia del dengue en 2024, no abordaron los impactos sociales y económicos asociados (MIDIS, 2024). Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, la adaptabilidad del sistema de protección social fue clave, para entregar apoyo monetario a la población en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, Perú ha mejorado sus intervenciones en protección social integrando medidas de emergencia y expandiendo programas para incluir temporalmente a nuevos beneficiarios, aumentando la interoperabilidad de bases de datos entre distintos sectores para una respuesta más coordinada y eficaz (Beazley et al, 2024).

A pesar de los avances, todavía existe un amplio margen para mejorar las políticas y reforzar las herramientas que aspira impulsar el PSAE para garantizar una intervención más efectiva y oportuna. Si bien el MIDIS, como entidad de primera respuesta del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD), cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres al 2025 y con protocolos para que todos sus programas sociales puedan actuar en contextos de emergencia, estos protocolos se centran actualmente en la continuidad operativa de los programas sociales, para garantizar la atención de sus beneficiarios aún en el contexto de desastres. En situaciones excepcionales como el FEN Costero en 2017 y durante la pandemia de COVID-19 se lograron adaptar algunos programas temporalmente. No obstante, las intervenciones de los programas sociales todavía no responden de manera efectiva a las emergencias. Específicamente, no se observan ajustes sistemáticos y adecuados de las intervenciones de manera horizontal (incrementando la atención a beneficiarios impactados por desastres) ni vertical (asistencia a damnificados que entran a situación de pobreza).

Por su parte, el CENEPRED, es el responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar los procesos de estimación del riesgo de desastres, prevención, reducción del riesgo y reconstrucción. El CENEPRED emplea diversas herramientas para la gestión prospectiva y correctiva, incluyendo al Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID), que constituye la principal herramienta para el análisis y gestión de la información.

Más allá de lo expuesto, el SIGRID todavía no incluye información sobre la vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones identificadas bajo riesgo. Esto es clave para identificar las posibles zonas de mayor impacto social tras la materialización de un desastre, permitiendo dimensionar las necesidades de ampliación horizontal de los programas sociales. Adicionalmente, el vacío de información limita la capacidad de los tomadores de decisión para gestionar en forma efectiva las emergencias, al no considerar el análisis de la vulnerabilidad según niveles de ingresos, seguridad alimentaria y capacidad económica. En este contexto, es fundamental incorporar la protección social adaptativa como una acción anticipatoria, dado que facilita una respuesta más ágil y ajustada a los cambios en las condiciones de vulnerabilidad.

El objetivo de esta CT es contribuir al desarrollo y consolidación de un enfoque de protección social adaptativo en Perú, a través del apoyo a la implementación del marco orientador de la Protección Social Ante Emergencias (PSAE), liderado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), y el desarrollo de herramientas analíticas de gestión de riesgo de desastres para promover la protección social adaptativa, en coordinación con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

El objetivo de este servicio es elaborar un mapeo de servicios de protección social por tipo de emergencia (de mayor preponderancia o relevancia en el país), para formular una hoja de ruta que permita la construcción de un paquete básico (o lista) de servicios de protección social dirigido a población prioritaria por su situación de alta vulnerabilidad.

Esto es lo que harás:

• Elaborar un plan de trabajo de la consultoría, que incluya el cronograma y responsabilidades.
• Revisar los principales documentos normativos y de gestión nacionales, relativos al PSAE.
• Revisar las competencias y funciones de los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales que prestan púbicos de protección social priorizados para la atención de la población en situaciones de emergencia.
• Realizar reuniones e intervenciones con los equipos del MIDIS para conocer más información de las intervenciones del PSAE y los desafíos que se presentan.
• Realizar la revisión de la experiencia nacional e internacional sobre el diseño, rediseño o adaptación de los servicios de protección social por tipo de emergencia y/o grupo (población) específica (primera infancia; NNA, adultos mayores, discapacidad, migrantes-refugiados, otros); como parte de la implementación de sistemas de protección social adaptativa.
• Establecer criterios para la priorización del tipo de emergencia de mayor preponderancia o relevancia y de la población en situación en situación de alta vulnerabilidad, y su sustento.
• Elaborar un informe preliminar con el mapeo de los servicios necesarios en contextos de emergencias y una hoja de ruta para la elaboración de un paquete básico (o lista) de servicios de protección social; identificando a la población altamente vulnerable por tipo de emergencia.
• Validar la propuesta de hoja de ruta para la construcción de un paquete básico de servicios PSAE, dirigido a la población altamente vulnerable y por tipo de emergencia, con las áreas técnicas y programas nacionales de MIDIS y los sectores vinculados a las prestaciones de servicios de protección social.
• Elaborar un informe final con el mapeo de servicios de protección social por tipo de emergencia (de mayor preponderancia o relevancia en el país), y una hoja de ruta para la construcción de un paquete básico (o lista) de servicios de protección social dirigido a población prioritaria por su situación de alta vulnerabilidad.

Cronograma de Entregas y Pagos:

Se propone que el servicio tenga una duración de hasta 150 días.